El Gobierno andaluz se reúne con el sector para abordar el anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio
Los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Elías Bendodo y Marifrán Carazo, respectivamente, han mantenido en la tarde de este miércoles una reunión por videoconferencia para abordar el anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio con representantes del sector.
En el citado encuentro también han participado, por parte del Gobierno andaluz, el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud; el secretario de Infraestructuras, Andrés Gutiérrez Istria; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Málaga, Juan Jesús Bernal.
Por parte del sector, han participado, entre otros, representantes de los Colegios de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros, Registradores y Notarios de Andalucía Oriental, así como también de la Asociación de Promotores y Constructores (APC), la Cámara de Comercio de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga, la Asociación de Polígonos de Málaga y de las empresas Sando y Alei Promotores Inmobiliarios.
Ambos consejeros han trasladado al sector la importancia de que conozcan de primera mano este anteproyecto de ley y de contar con su opinión y sus propuestas. “Sois vosotros los que vais a hacer buena esta ley con vuestras aportaciones”, ha afirmado Bendodo, para quien nadie “mejor que el sector” conoce las necesidades de esta tierra en esta materia y sabe dónde poner el acento.
El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 18 de mayo a la tramitación de este anteproyecto de ley, una normativa que nace con el firme propósito de contribuir a la recuperación económica ante la situación creada por la crisis del Covid-19, suprimiendo cargas innecesarias a empresas y particulares, agilizando trámites y garantizando que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente.