Inspección Pesquera decomisa 334 kilos de inmaduros en Caleta-Vélez y Málaga

Los servicios de Inspección Pesquera de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en la Provincia de Málaga han decomisado 334 kilogramos de pescado y pulpo inmaduro, en dos actuaciones realizadas conjuntamente con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en los puertos de Caleta de Vélez y Málaga. Del total de la mercancía intervenida cabe destacar la incautación de más de 207 kilos de ejemplares de pulpos que, en algunos de los casos, se encontraban por debajo de los 50 gramos, siendo un kilo el peso mínimo legal permitido.

Así, el lunes, tuvo lugar una operación en el puerto de Caleta de Vélez que concluyó con la intervención de un camión en el que se había descargado mercancía que no había pasado por la lonja. En total, se decomisaron 135 kilogramosde pulpo y 23 kilogramos. de merluza, todos ellos inmaduros.

Al siguiente día, se realizó el registro de un vehículo procedente del muelle pesquero y retenido en el puerto de Málaga por la Autoridad Portuaria, que se saldó con el decomiso de 176 kilos de pescado de diferentes especies del fondo marino, sobre todo jureles (46,9 kilogramos), pulpos de más de un kilo (36,8 kilogramos), y salmonetes (12,80 kilogramos), que carecían de  todo tipo de documentación de trazabilidad y transporte que justificara su paso por la lonja.  Asimismo, entre la mercancía intervenida se encontraron 34 kg. de pulpo de peso muy inferior al reglamentario.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro de las labores ordinarias de vigilancia y control que vienen desarrollando los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en estrecha colaboración con la Guardia Civil, contra la pesca furtiva de inmaduros, que amenaza la conservación de los caladeros.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha recordado que la captura, transporte y comercialización de inmaduros, además de ser una actividad ilegal y gravemente perjudicial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, es una práctica que atenta contra la salud pública, ya que estos productos no pasan por ningún tipo de control sanitario.
 

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