Piden 9 meses de prisión e inhabilitación para el alcalde de Benamocarra

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo para el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PA), por un presunto delito de desobediencia a la autoridad, al no acatar una orden judicial que le instó a retirar unas vallas publicitarias en las que injuriaba al delegado provincial de Educación de la Junta y al director del instituto de la localidad.

En la calificación fiscal, el ministerio público solicita la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal contra el regidor, quien, según las conclusiones provisionales, habría incurrido en dos delitos de injurias graves con publicidad y en un delito de desobediencia a la autoridad.

Según el escrito de acusación, Lucena ordenó el 19 de julio de 2008 la instalación de dos vallas publicitarias frente al instituto de Benamocarra, en las que insertó las frases: “El delegado de Educación enchufa al director del instituto. No a la politización de la educación de nuestros niños” y “El director del instituto, enchufado por el delegado de Educación. La política llega a las aulas. No con nuestros hijos”.

Para el fiscal, ambas afirmaciones se hicieron públicas “a sabiendas de la falsedad de tales imputaciones y con clara intención de causar un menoscabo en la dignidad y estima propia” tanto del delegado de Educación, que por aquel entonces era José Nieto; como del director del instituto, Manuel Ruiz Cazorla, quien en 2008 ejercía también como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benamocarra.

El escrito acusatorio añade que el alcalde ratificó sus afirmaciones en una rueda de prensa y en la revista que edita el Ayuntamiento, y recuerda que los hechos dieron lugar a la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vélez-Málaga.

Este mismo juzgado ordenó el 16 de enero de 2009 que, como medida cautelar, el Ayuntamiento retirase las vallas publicitarias en un plazo máximo de 15 días, aunque, según el fiscal, el regidor no acató la orden hasta mediados de junio “a pesar de tener conocimiento de la resolución judicial y con un evidente ánimo de vulnerarla”.

Por todo ello, considera que Lucena “es autor” de los delitos antes mencionados, y solicita para él una pena de nueve meses de cárcel y de inhabilitación para el sufragio pasivo por el delito de desobediencia, y una multa de 6 euros diarios durante 12 meses por cada uno de los delitos de injurias, que en caso de impago se sustituirían por seis meses de privación de libertad.

Asimismo, el fiscal pide que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnice con 6.000 euros tanto a José Nieto como a Manuel Ruiz Cazorla “por los perjuicios morales causados por la publicación de los mensajes de las vallas publicitarias”.

“Actué con total respeto a la legalidad” 

Abdeslam Lucena ha asegurado que actuó “con total respeto a la legalidad” tras recibir una orden judicial para retirar unas vallas en las que presuntamente injuriaba al entonces delegado provincial de Educación de la Junta y al director del instituto de la localidad, y ha mostrado su confianza en que, pese a que la Fiscalía pide para él una pena de nueve meses de prisión e inhabilitación, finalmente el juez archivará el caso.

Ha defendido que su actuación en este asunto fue la correcta, pues entiende que retiró las vallas en tiempo y forma, como reflejan, según ha manifestado, los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Local, la orden de Alcaldía para tapar las vallas y el informe del operario municipal que se encargó de este trabajo.

El alcalde considera que esta documentación avala que “difícilmente” se puede achacar algo a su conducta, por lo que se ha mostrado “convencido” de que la petición de la Fiscalía será archivada, “porque no hay indicios que digan lo contrario, ya que el regidor actuó con total y absoluto respeto a la legalidad”.

Lucena también ha recordado en un comunicado que el auto judicial se encuentra recurrido y ha indicado que el Ayuntamiento “está pendiente de que se proceda a la imputación del actual delegado de Educación de la Junta en Málaga, Antonio Escámez, por la denuncia y diligencias abiertas posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga”.

Según ha manifestado, dicho juzgado se encuentra estudiando “la falta de legalidad del nombramiento como director del instituto de Manuel Ruiz Cazorla, que originó el hecho de que se instalaran estas vallas en señal de protesta”.

Para Lucena, la salida a la luz pública de la petición fiscal “no es más que una pataleta política” del candidato del PSOE a la Alcaldía del municipio, José Antonio Díaz, “con el fin de ensuciar la imagen del actual alcalde de Benamocarra, que lo único que hizo y hará es defender los intereses generales de la ciudadanía”.

“Los últimos siete años y medio de gestión municipal han sido impecables, actuando en todo momento dentro de la legalidad, por lo que en nuestra opinión está fuera de lugar sacar al escenario político en estos momentos actuaciones recurridas, que una vez más, con las pruebas documentales presentadas, serán archivadas”, ha insistido el regidor.