Levantan parcialmente el secreto en el caso de presunta corrupción urbanística en Alcaucín

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga ha acordado levantar parcialmente el secreto que pesaba sobre el denominado caso ‘Arcos’, en el que se investiga la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Alcaucín.

Según el auto del juzgado, notificado este martes, se acuerda el levantamiento del secreto de las actuaciones desde el tomo 10 hasta el 15 de la causa principal, y desde el 13 al 23 en lo que se refiere a la pieza separada de atestados policiales.

Asimismo, en dicha resolución se acuerda prorrogar durante un mes más el secreto del procedimiento en relación con el tomo 16 y siguientes de las actuaciones y con el 24 y siguientes de la pieza separada de atestados, debido a que continúan las diligencias de investigación.

En este punto, la instructora señala que por parte de la Guardia Civil se siguen realizando diligencias “derivadas de los últimos registros practicados y en relación con hechos que han sido recientemente denunciados”, por lo que se prorroga el secreto ante el riesgo “de destrucción o manipulación de pruebas”.

La jueza, que decretó un único levantamiento en noviembre de 2009, indica que en este procedimiento la declaración de secreto “ha estado motivada por la especial facilidad de manipulación de personas y destrucción de pruebas por parte de algunos de los imputados”, lo que, a su juicio, “ha quedado patente a lo largo del procedimiento”.

La operación policial se desarrolló el 27 de febrero del pasado año y se saldó con la detención de varias personas, entre ellas el entonces alcalde José Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.

En su declaración judicial, el ex alcalde, que salió de prisión tras pagar fianza, dijo que tenía ingresos “como alcalde, artista y albañil”, pero no como mediador en compraventas; aunque los investigadores señalan que había ingresos en efectivo cuya procedencia está “sin justificar”, que podrían ser “de comisiones”.

La jueza decretó, además, prisión para uno de los jefes del área de Arquitectura de Diputación, José Mora, por presunto cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Éste, que también pagó fianza para salir de la cárcel, declaró que se limitó a informar de los proyectos según la ley y que no cobró por informes.
 

  

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