El alcalde de Benamargosa dice que su imputación “es una persecución política”
El alcalde de Benamargosa, José Gallego (PA), ha negado hoy las acusaciones del Ministerio Fiscal, que en sus conclusiones provisionales ha solicitado un año de prisión para el regidor por un delito contra la ordenación del territorio por construirse una casa presuntamente ilegal en 2001, cuando aún no era alcalde ni tenía ningún cargo público.
Gallego negó en un comunicado haber construido ninguna vivienda en una parcela de su propiedad, y afirmó que las obras que se llevaron a cabo en esta finca consistieron en la rehabilitación y reforma de una casa antigua ya existente en la misma “contando además con todas las licencias y autorizaciones pertinentes”.
El alcalde dejó claro que en el momento al que se remontan los hechos era “un ciudadano más” y no formaba parte de la corporación municipal, y calificó las acusaciones de la Fiscalía como “una persecución política”, al tiempo que aclaró que ningún concejal actual del Ayuntamiento tiene nada que ver con este asunto.
Para el regidor, las acusaciones del ministerio público se llevan a cabo “con absoluto desconocimiento” de la normativa urbanística de aplicación en 2001, “habiendo hecho una interpretación torticera de ésta”.
De hecho, aseguró haber actuado “por derecho en todo momento, cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente en 2001, mucho antes de la entrada en vigor de la LOUA, y con el conocimiento y el consentimiento tanto del entonces alcalde, Alfonso Jiménez (IU), como del arquitecto municipal y el secretario de la Corporación”.
Según Gallego, la actuación llevada a cabo en la vivienda se encuentra amparada en la correspondiente licencia de obras, concedida ese mismo año 2001, y el expediente de concesión de ese permiso “en todo momento contó con los correspondientes informes técnicos y jurídicos, y en ningún momento existió ningún informe desfavorable del secretario”.
“Además, en ningún momento los trabajos fueron paralizados por la Policía Local, el Seprona, la Policía Autonómica o la Junta de Andalucía, ni se les abrió ningún expediente sancionador ni de protección de la legalidad urbanística por parte del anterior alcalde”, añadió el regidor.
Por todo ello, el alcalde de este municipio malagueño consideró “desproporcionada” la petición del Ministerio Fiscal, al que recordó que los hechos deben enjuiciarse en el contexto legal del año en que se produjeron, “y en aquel tiempo, al igual que en la actualidad, se podían reformar y rehabilitar las edificaciones existentes”.
Gallego puntualizó, además, que su trayectoria política en materia urbanística “es impoluta e intachable” desde que accedió a la Alcaldía en junio de 2007, y anunció que emprenderá medidas legales contra los responsables de la difusión a los medios de comunicación “de una información errónea y sesgada”.
