Salado responsabiliza a la Junta de la “dispersión normativa” en materia urbanística

El portavoz del Partido Popular en la Diputación provincial, Francisco Salado, ha responsabilizado hoy a la Junta de Andalucía de la “dispersión normativa” en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El PP ha presentado una moción en la que pide a la Junta de Andalucía que defina mediante un reglamento las actuaciones permitidas y prohibidas en el tratamiento del Suelo No Urbanizable, como así recoge la Ley, ya que hasta el momento no se ha hecho nada, “lo que ha mantenido a los alcaldes en una indefinición absoluta”. Esta propuesta ha sido apoyada por el PSOE e IU.

Según ha explicado Salado, la Ley recoge que “reglamentariamente se precisarán las condiciones de ordenación de los diferentes actos de realización de segregaciones, obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, y se definirán los requisitos documentales de los correspondientes proyectos para su autorización”. Por ello, Salado se pregunta “qué sucede” para que desde el año 2002 “aún no se haya realizado el reglamento por parte del Gobierno andaluz”.

Sin embargo, el portavoz popular ha criticado la actitud del consejero de Vivienda y Obras Públicas, Juan Espadas, con los alcaldes de la Axarquía. “Sorprende que Espadas haya venido en lugar de a aportar una solución, a bronquear a sus alcaldes. Parece que vino montado en una excavadora para empezar a demoler las viviendas de la Axarquía, sin hacer autocrítica por una Ley que ha creado el propio PSOE”, ha criticado.

Del mismo modo,ha señalado que el consejero vino a dar “una bofetada” al presidente de la Diputación provincial, ya que del ente supramunicipal dependen 47 PGOUS de la provincia “y no se ha hecho ni uno”.

Salado considera tanto al consejero como a los delegados provinciales de la materia, responsables de la actual situación urbanística de la provincia “por no haber atendido a la Ley por igual teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuentan los alcaldes de los municipios pequeños”.

Por todo esto, la Diputación instará, a petición del PP, a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a que realice el texto del reglamento que debe aprobar el Consejo de Gobierno, de forma que se acabe con esta “indefinición que en la actualidad existe en el tratamiento del Suelo No Urbanizable en las diferentes provincias andaluzas”.
Fondos FEIL

Por otro lado, el PP ha sacado adelante una moción en la que se solicita al Gobierno Central que suprima la obligación del pago previo que los ayuntamientos tienen que hacer de las certificaciones y facturas últimas de la obra que representan el 30% en el FEIL 2009 y el 15% en el FEIL 2010, comprometiéndose el Gobierno a adelantar esos importes previa justificación suficiente por parte de los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos a través de este Fondo han planificado y en gran parte ejecutado ya, múltiples proyectos que se han ido abonando con cargo a la cantidad inicial aprobada y aportada por el gobierno central y que correspondía al 70 por ciento  del importe de la adjudicación de las obras.

“El problema que se les va a plantear ahora a los ayuntamientos es que para recibir la ultima remesa del fondo, es decir el 30 por ciento restante entre el importe entregado como provisión y el importe real de las obras ejecutadas, tendrán que acreditar haber finalizado la obra, así como enviar a la Administración Central entre otras cosas, el acta de recepción de la obra y el certificado final de obras”, ha explicado Salado.

Esto supone, según el portavoz popular, que los ayuntamientos  tendrán que pagar a los contratistas el importe final y luego recibirlo de la Administración, “con lo que estamos cargando sobre las vacías arcas municipales una obligación más y, que se nos antoja, no van a poder cumplir los ayuntamientos ante la falta de recursos de que disponen”.

Salado ha manifestado que muchos ayuntamientos no pueden ni pagar las nominas de sus empleados, con lo cual lo que en principio no suponía ninguna dificultad a la hora se la financiación, a día de hoy, “nos encontramos con que los ayuntamientos no van a poder adelantar a las empresas ese importe final de las obras, con lo que estamos creando un problema a las empresas contratistas, que a su vez no van a poder pagar a sus empleados”, ha asegurado.