El Ministerio de Economía firma la orden que autoriza la permuta de Las Protegidas

El Ministerio de Economía y Hacienda ha firmado la orden que autoriza la permuta del suelo de la barriada de Las Protegidas de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, por los terrenos de la futura comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad.

Gracias a este trámite, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se convierte en titular del suelo de la barriada y podrá ceder la propiedad definitiva de las casas a sus actuales inquilinos, que las ocupan desde 1948.

El expediente de estas viviendas será remitido ahora a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda para que otorgue al Ayuntamiento la escritura pública correspondiente.

A partir de ahí, los vecinos podrán escriturar sus casas, y para ello se ha fijado un precio de venta del suelo, establecido en 362 euros más los gastos de escritura, mientras que los nuevos propietarios tendrán que comprometerse a no vender sus viviendas en cinco años.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Sara Sánchez, ha explicado hoy a los periodistas que los vecinos “van a tener el mejor regalo de Reyes posible, después de un largo proceso”.

La edil ha anunciado que desde la Administración local ya se ha comunicado a los afectados que la orden ministerial ha sido firmada, y confía en que el procedimiento que resta “se resuelva en breve”.

En diciembre de 2004, los vecinos de Las Protegidas recibieron una notificación del Ministerio de Hacienda en la que se les obligaba a efectuar un pago, en concepto de deuda, de entre 30.000 a 72.000 euros, para evitar que sus viviendas salieran a subasta.

Los residentes en esta antigua barriada de pescadores de Torre del Mar se agruparon bajo una plataforma en defensa de sus intereses y para reclamar al Estado la titularidad de las 64 viviendas.

Sin embargo, poco tiempo después, algunos afectados abandonaron el movimiento vecinal y decidieron aceptar la oferta del Ministerio para la compra de sus casas.

Alguno de estos vecinos han confirmado que en torno a una veintena de residentes ha escriturado sus casas antes de que se haya producido el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Estado

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