El PSOE recurrirá en los tribunales la privatización del servicio municipal de aguas
El PSOE de Frigiliana ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento para la adjudicación provisional a la empresa Aqualia de la concesión administrativa para la explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado.
El portavoz municipal socialista, Adolfo Moyano, ha calificado de “irresponsable” la decisión, aprobada en solitario por el equipo de gobierno del PA, al que ha acusado de anteponer sus intereses partidistas y electorales al interés general de los vecinos “e hipotecar el futuro de Frigiliana con esta privatización”.
Moyano ha recordado que, según los términos de la concesión, Aqualia asumirá la prestación del servicio durante 25 años a cambio del pago de un canon inicial de 800.000 euros y una cuota anual de 0,15 euros por metro cúbico de agua consumido durante el resto del periodo.
Según ha asegurado, durante los últimos años el servicio de abastecimiento ha arrojado un superávit medio de 350.000 euros anuales, “una notable cantidad que además de cubrir los gastos da para mejoras en las instalaciones”, y el presupuesto municipal de 2010 prevé una facturación de 405.000 euros entre abastecimiento y alcantarillado.
“Facturamos más de 400.000 euros al año con un bajo coste para el municipio, y ahora privatizamos el servicio por un único pago de 800.000 euros y una cantidad anual que difícilmente llegará a los 50.000 euros por el consumo“, ha lamentado Moyano, para quien, con el servicio en manos del Ayuntamiento, “en sólo tres años el municipio ingresaría más que en los 25 años con el servicio privatizado”.
El portavoz socialista ha afirmado que la privatización del servicio “supone el acto más dañino que en la historia democrática se ha cometido contra los intereses generales de nuestro pueblo”, y ha acusado al equipo de Gobierno de “haber recurrido al engaño y la manipulación para decir al pueblo que esta medida era favorable al municipio”.
Por todo ello, el PSOE ha decidido recurrir judicialmente el acuerdo plenario y se encuentra a la espera de recibir varios informes de sus servicios jurídicos para valorar la posibilidad de poner en manos de la Fiscalía la documentación del expediente “y la actuación de algunos miembros del equipo de Gobierno”.