La Diputación de Málaga destina cerca de cuatro millones de euros al PFEA
La Diputación de Málaga destina cerca de cuatro millones de euros al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018.
Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, hoy martes, 17 de julio, durante la firma del convenio de colaboración que suscriben la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones andaluzas para la financiación de los materiales del programa. El acto, que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, ha estado presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
La dotación total del PFEA para 2018 asciende a 222,81 millones de euros que sufragan la Administración central (153,66 millones), la Junta de Andalucía (51,86 millones) y las diputaciones provinciales (17,28 millones). El importe destinado a la provincia de Málaga asciende a 24.665.662 euros, de los que la Administración central aporta 17.010.802 para pagar el coste de la mano de obra, y la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga financian los gastos de materiales, maquinaria y utensilios con 5.741.145 y 1.913.715 euros, respectivamente. La Diputación, además, aporta el 5% correspondiente a los ayuntamientos, que supone 850.540 euros, y financia los costes de la contratación del personal para gestionar el programa y redactar los proyectos, que ascienden a 1.171.869 euros. En total, la Diputación de Málaga aporta 3.936.124 euros al programa.
Un programa que, en total, generará casi dos millones de jornales y alrededor de 120.000 contratos para abordar más de 2.000 proyectos de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. También se realizan proyectos como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.
El plan actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, facilitar a los jornaleros la protección por desempleo del sistema agrario de la Seguridad Social y estimular las economías locales, ya que los materiales utilizados proceden de los comercios locales para así dinamizar la economía de las pequeñas y medianas empresas.
