Ecologistas califican de ilegal el proceso regularización viviendas rústicas
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha solicitado a la Junta la paralización del proceso de regularización de viviendas construidas en suelo rústico, al considerar “ilegal” esta actuación por parte del Gobierno andaluz.
El presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado hoy en un comunicado que la base jurídica de esa consideración está en las recientes sentencias del Tribunal Supremo que anulan la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
Yus ha señalado el alto tribunal establece que “no corresponde al ámbito de la potestad del planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido”, y en el caso del decreto 2/2012 de regularización de viviendas, ésta descansa en el planeamiento municipal, señalando unos pasos que los ayuntamientos deben dar.
“Consideramos que esta sentencia descalifica a los ayuntamientos como autores del proceso de regularización”, ha apuntado el presidente de GENA, que ha indicado que el Tribunal Supremo también precisa que “no está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de suelo urbano consolidado”.
En el proceso de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, los ecologistas entienden que se fija “un suelo urbano virtual de carácter difuso que requiere servicios”.
Asimismo, para GENA, el decreto de la Junta supone en la práctica la eliminación del carácter ilegal del asentamiento, alterando los mecanismos legales de responsabilidad, circunstancia sobre la que también se pronuncia negativamente el Tribunal Supremo.
Yus ha agregado que tal y como se señala para Marbella en la sentencia, en ningún momento del proceso de regularización de viviendas ilegales se aplica la directiva europea sobre evaluación ambiental, siendo el impacto en este caso muchísimo más importante que en el suelo urbano.
Ha afirmado que al igual que en Marbella, este proceso “no ha ido acompañado de un informe de sostenibilidad económico”, aspecto que en lo que respecta al urbanismo difuso creado en el suelo rústico, “crea una tensión constante en los ayuntamientos para que éstos presten los servicios propios de un asentamiento”.
Según Yus, estas bases jurídicas han llevado a su colectivo a considerar la oportunidad de presentar una denuncia de los hechos ante la justicia, con objeto de que, como ha sucedido con la regularización de viviendas en Marbella, se inste a reconsiderar “tal despropósito de la Junta” en el suelo rústico.
