Ponen en marcha una Oficina para asistir a los comerciantes afectados por la renta antigua
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Co-mercio en Málaga pone a disposición de los comerciantes afectados por el fin de la moratoria de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos a los alquileres de renta antigua una Oficina de Información y Asesoramiento sobre las herramientas disponibles para la defensa de sus derechos.
La LAU de 1994 estableció una moratoria de veinte años para la extinción y subrogación de los arrendamientos de locales en los que desarrollaban actividades comerciales, plazo que finalizó el pasado 31 de diciembre. Alrededor de 800 comercios de la provincia se ven amenazados por la extinción de los contratos de renta antigua
Ante la situación económica que vivimos en estos momentos, muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar un incre-mento de sus alquileres que ronda entre el 200 y el 400%, pudiendo ser muy superior en zonas céntricas. “La situación llevaría al cierre de estos establecimientos, pequeños comercios tradicionales, que son señas de identidad de los centros históricos de nuestras ciudades y municipios, estimándose una pérdida de 2.000 empleos”, ha manifestado el delegado de Fomento, Vivienda Turismo y Comercio, Manuel García Peláez.
La Oficina de Asesoramiento, creada por la Consejería de Turismo y Comercio, está ubicada en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, en la planta 8ª del Edificio de Servicios Múltiples, en la avenida de la Aurora, 47 de Málaga .
“En ella, los comerciantes inquilinos afectados podrán obtener información sobre la aplicación de la norma estatal a sus contratos de arrendamientos de establecimientos comerciales, al igual que información sobre su posición, garantía y defensa de sus derechos respecto a los propietarios de los locales”, ha agregado.
En relación con esta problemática, la Consejería de Turismo y Comercio ha impulsado otras iniciativas, en colaboración con asocia-ciones de comerciantes, consumidores y sindicatos, reclamando al gobierno central una nueva moratoria por un plazo de diez años para acompasar los efectos del final de los alquileres de renta antigua sobre los establecimientos comerciales. Se han aprobado iniciativas en este sentido, tanto en el Parlamento Andaluz como en la Diputación Provincial y en varios ayuntamientos.
