El PP se compromete a seguir ayudando a los afectados con viviendas irregulares
Senadores del Grupo Popular se han reunido hoy en la Cámara Alta con representantes de diferentes asociaciones de afectados por esta situación de todas las provincias andaluzas, para tratar los problemas derivados de la actual normativa urbanística andaluza (LOUA) “cuya ambigüedad y difícil aplicación está provocando que cientos de miles de familias vivan con la incertidumbre de que sus viviendas puedan ser derribadas”.
A la reunión, solicitada por la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística, (CALU), han asistido los senadores del PP por Almería Eugenio Gonzálvez, Mar Agüero y Rosario Soto; los senadores por Málaga, Joaquín Ramírez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Patricia Navarro y Avelino Barrionuevo; Manuel Altava, senador por Castellón y portavoz de Justicia; y el diputado nacional por Almería, Jesús Caicedo.
Los senadores populares han explicado que siempre han apoyado a este colectivo, así como su histórica reivindicación para reformar esta normativa. De esta manera, “el PP andaluz, y su presidente, Juanma Moreno, ofrecieron al gobierno andaluz una iniciativa consistente en la elaboración de una Ley de Punto y Final, que permita regularizar las actuales viviendas fuera de ordenación y suponga una nueva disposición normativa para que la situación que viven en la actualidad miles de familias no vuelva a suceder”.
Así, también los representantes del Partido Popular en el transcurso de esta reunión han manifestado que mantendrán su respaldo a los damnificados y se han comprometido a estudiar la propuesta de reforma del Código Penal que demandan.
Al finalizar la reunión, los senadores populares concluyeron que la responsabilidad última corresponde a la Junta de Andalucía y, para evitar la construcción de viviendas fuera de ordenación, y con ello el drama de las demoliciones, han vuelto a ofrecer su colaboración y su perseverancia en la reclamación al gobierno andaluz de una nueva normativa urbanística que garantice plena seguridad jurídica en esta Comunidad.
