La Diputación identifica 30.000 edificaciones fuera del catastro mediante inventarios en el no urbanizable

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha entregado hoy diez inventarios de edificaciones en suelo no urbanizable a otros tantos municipios de la provincia. Son los primeros de un total de 33 que la institución prepara en virtud del servicio de planeamiento que presta a los ayuntamientos, trabajo que revela un total de 30.000 unidades fuera del catastro en estos 33 pueblos. Una estimación para el conjunto de la provincia arrojaría unas 90.000 edificaciones no catastradas.

Alcaldes y representantes de Alameda, Almargen, Alcaucín, Ardales, El Burgo, Cartajima, Iznate, Montejaque, Parauta y Sierra de Yeguas han recogido de manos de Bendodo sus inventarios. En concreto, estos diez primeros documentos analizan una superficie de 573 kilómetros cuadrados en los que se han detectado 3.100 edificaciones no catastradas, ya sean viviendas, almacenes industriales, casas de aperos, piscinas o corrales, sobre todo.

El presidente de la Diputación ha avanzado que este trabajo, que se realiza a petición de los propios consistorios a través del Plan de Asistencia y Cooperación, sirve para conocer la “situación real de las construcciones en el ámbito rural, su edificabilidad, ocupación, uso o afección jurídica, si existe, para mejorar la gestión administrativa”.

Cabe destacar que el hecho de que haya construcciones fuera del catastro no implica que sean ilegales, sino que también pueden ser alegales o perfectamente legales. Lo que los inventarios facilitan es una relación de unidades que permite a los ayuntamientos saber a la perfección qué hay en sus respectivos términos municipales. Incluso hay edificaciones que no serán catastrables, como puede ser el caso de los corrales.

Beneficios para la gestión

El inventario de edificaciones en suelo no urbanizable es un paso obligatorio que marca la Junta de Andalucía, competente en materia urbanística, para el diseño o renovación de los planeamientos, proceso en el que están ahora numerosos municipios de la provincia.

El presidente ha destacado los beneficios de esta iniciativa, “desde el cumplimiento de la legislación al fomento de acciones administrativas como regularizaciones, cobro de IBI o actuaciones judiciales que fueran necesarias”. Además, es positivo para el Patronato de Recaudación, organismo que gestiona los tributos en casi todos los ayuntamientos de la provincia, ya que puede actualizar el catastro y dar de alta nuevas edificaciones.

El rango de fecha permite conocer más en profundidad la realidad del ámbito rural de la provincia. Bendodo ha apuntado que en estos diez primeros municipios hay un 7% de edificaciones anteriores a 1956; entre 1956 y 1977, un 6%; entre 1977 y 1984, un 5%, y entre 1984 y 1995, un 4%. “Sin embargo, entre 1995 y 2006, la década de expansión económica previa a la crisis, están el 60% del total”, ha agregado. En cuanto a la tipología, hay más almacenes o casa de aperos que viviendas, seguidas por piscinas.

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Este trabajo se ha llevado a cabo con el Sistema de Información Territorial (SIT) de la Diputación, la cartografía y las ortofotos, con una colaboración entre las delegaciones de Fomento y Arquitectura y la participación de la Sopde y la Junta de Andalucía. Los diputados Ignacio Mena y Carlos Conde, responsables de estas áreas, han participado en la entrega de hoy.

Tras los diez primeros municipios que han recibido hoy sus respectivos inventarios vendrán otros 23 en las fases segunda y tercera. La segunda estará compuesta por Álora, Benalauría, Benaoján, Carratraca, Ojén, Júzcar, Tolox, Sedella, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción y Villanueva del Rosario.

La tercera y última fase la integran Algatocín, Cortes de la Frontera, Cútar, Cómpeta, Casarabonela, Jubrique, Monda, Riogordo, Sayalonga, Torrox, Totalán y Valle de Abdalajís.

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