Piden a la Junta que abone a los empresarios las ayudas pendientes por la contratación de indefinidos
La Diputación de Málaga pedirá a la Junta de Andalucía que se ponga al día en cuanto al abono de las cantidades que adeuda a los empresarios malagueños con cargo al programa de incentivos a la contratación indefinida, regulado por el decreto 149/2005.
El diputado y portavoz del equipo de Gobierno del PP en el ente supramunicipal, Francisco Salado, será quien defienda la moción presentada por los populares al próximo Pleno de la institución esta semana, en la que recuerdan la importancia de esta iniciativa planteada para fomentar la creación de empleo que, sin embargo, finalmente “ha servido para destruir puestos de trabajo y el cierre de pymes en la provincia de Málaga”.
La Administración andaluza aprobó en 2005 otorgar ayudas de entre 3.000 y 4.750 euros a las empresas que realizasen contratos indefinidos o transformasen en indefinidos contratos de una duración determinada. Para recibir dichas prestaciones había que cumplir un requisito: que la contratación se mantuviera durante tres años.
“Lo que inicialmente se concibió como una ayuda por parte de la administración para las empresas, ha terminado por condenar a problemas económicos a muchas de ellas”, ha aseverado Salado, al tiempo que ha asegurado que hay empresas malagueñas que denuncian retrasos “de hasta dos años en el pago de las ayudas”.
Por otra parte, según datos del Colegio Oficial de Graduados Sociales, hay como mínimo 77 empresas en Málaga a las que el gobierno andaluz reclama que devuelvan las subvenciones que recibieron por no haber cumplido los tres años de contratación.
En este sentido, el portavoz del grupo del PP en la Diputación ha incidido en la situación extrema a la que han llegado muchas de estas empresas debido a los impagos de la Junta, llegando incluso al despido objetivo de los empleados que contrataron porque “o bien no han recibido la subvención o, habiéndola recibido, la crisis económica les ha llevado a realizar un ajuste de personal para evitar el cierre de sus negocios”.
Por ello, ante la postura de la Administración andaluza de reclamar a los empresarios el reintegro íntegro de las ayudas con un recargo del 20 por ciento, la institución provincial solicita una mayor “flexibilidad” a la hora de aplicar el decreto y establecer “un aplazamiento o permitir a los empresarios poder devolver la cuantía económica sin ningún tipo de recargo y que la cuantificación de dicha deuda sea reducida proporcionalmente por el tiempo efectivo que el empleado prestó sus servicios en la empresa, puesto que durante ese periodo sí se ha incentivado la contratación indefinida”.
Con su actual modo de proceder, a juicio de Salado, lo único que está promoviendo la Junta es “poner en la picota a muchos pequeños empresarios malagueños que reivindican que se articule un sistema de pago más justo que permita que, en lugar de devolver la cantidad íntegra de la subvención, se descuente de ella la correspondiente al tiempo en que sí mantuvieron los empleos”.
