Una treintena de ayuntamientos malagueños apoyan el Programa en Defensa de la Vivienda

Un total de 157 ayuntamientos andaluces han dado su apoyo al Programa en Defensa de la Vivienda del departamento que dirige la consejera Elena Cortés, una cifra que se ha alcanzado hoy tras la adhesión de 28 nuevos consistorios malagueños a esta iniciativa que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.

De los municipios que hoy se han sumado, 11 pertenecen a la comarca de Ronda (Almargen, Benadalid, Gaucín, Banarrabá, Beanaoján, Algatocin, Parauta, Montejauque, Benalauria, Igualeja y Jimena de Líbar),  otros 11 a la comarca de Antequera y Guadalhorce (Arriate, Tolox, Pizarra, Casarabonela, Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Alozaina, Cuevas Bajas, Fuentepiedra, Villanueva del Trabuco y Villanueva de la Concepción) y 6 se localizan en la comarca de Axaquía (Canillas de Aceituno, Macharaviaya, Torrox, Alfarnate, Comares y Frigiliana). Con este nuevo impulso son ya 49 los ayuntamientos de la provincia de Málaga que han querido formar parte de este “bloque institucional andaluz para la defensa de las víctimas de la crisis frente a las entidades financieras”, ha comentado la consejera.

Tras la entrada en vigor del decreto-ley de la Función Social de la Vivienda, Elena Cortés ha subrayado que “ahora las oficinas tienen una herramienta más que poner encima de la mesa para defender los intereses de los ciudadanos” porque “supone un giro radical en la forma de encarar la vivienda: de ser mercancía a considerarlo derecho, al tiempo que da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social”.

“Nuestra obligación es defender el interés general y el decreto-ley se ubica justo en el lugar que le corresponde, al lado de las víctimas”, ha insistido Cortés, para quien la Consejería está cumpliendo con su compromiso de “exprimir todas las competencias a nuestro alcance” para activar medidas en defensa de las familias. “En junio paralizamos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta, en julio participamos en el Plan de Choque por el empleo para generar actividad en el sector de la construcción mediante la rehabilitación de viviendas en municipios aquejados por un elevado paro, en octubre pusimos en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y hoy, a todo ello, se suma el decreto-ley”, ha repasado la consejera, que ha asegurado que desde el departamento que dirige “seguiremos estando al lado de los ciudadanos”.

Balance de la oficina contra los desahucios de Málaga

Elena Cortés ha ofrecido además los resultados recopilados en los pri-meros seis meses de funcionamiento de la oficina de Málaga, periodo durante el que se han recibido un total de 476 visitas, que ha dado lugar a 387 casos atendidos. De ellos, 25 se han tramitado por la vía de la prevención, 323 en el área de la intermediación y 39 en el ámbito de la protección. De los 323 casos que han dado lugar a negociaciones, 155 se han resuelto de forma positiva, lo que significa que el 48% de las familias permanecen en sus viviendas. El resto aún está en trámite.

“El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda. Y podemos decir que lo hemos conseguido, lo que significa que la política sí puede cambiar las cosas si una administración se pone del lado de las víctimas, de los débiles”, ha puntualizado.

Las 39 familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Málaga está comprobando si los afectados ya desahuciados han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.

Detalles del convenio

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de aseso-ramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudica-tarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.