La Diputación diseña el planeamiento de 62 municipios para su adaptación a la ley
La Diputación de Málaga trabaja actualmente en la redacción, renovación y adaptación del urbanismo de 62 municipios a la legislación regional en vigor, la LOUA, según ha anunciado el presidente, Elías Bendodo. El futuro económico de la provincia, la preeminencia del turismo como principal industria, el desarrollo sostenible y el cuidado del entorno natural son los conceptos clave de esta asistencia.
Este servicio, que se presta a través del área de Arquitectura y también a través de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), ha permitido hasta el momento la aprobación definitiva de 9 planeamientos, mientras que 28 pueblos están en fase de aprobación provisional y otros 16, de aprobación inicial. Además, otros ayuntamientos reciben trabajos de planificación como avances, modificaciones y adaptaciones parciales.
La asistencia técnica y jurídica que presta la Diputación a municipios con escasos recursos permite, en casos como éste, que ayuntamientos sin equipos humanos especialistas en urbanismo o sin presupuesto económico suficiente lleven a cabo en tiempo y forma las adaptaciones exigidas por la ley andaluza.
Bendodo, acompañado por el diputado de Urbanismo, Ignacio Mena, y el diputado presidente de la Sopde, Carlos Conde, ha reivindicado la utilidad de la institución para garantizar la autonomía de los pequeños municipios. La práctica totalidad de los 62 ayuntamientos con los que se trabaja en este campo son menores de 20.000 habitantes.
Nueva sección de disciplina urbanística
La Diputación de Málaga ha creado en este mandato una sección dotada con tres abogados, dos técnicos y un administrativo para ofrecer asistencia exclusiva sobre disciplina urbanística a los municipios que lo demanden. Además, ha unificado en una sola instancia los conceptos de patrimonio, planeamiento y atención municipal para mejorar la atención a los ayuntamientos y evitar la duplicidad de servicios.
Las nueve aprobaciones definitivas de planes generales son las de Alameda, Benahavís, Totalán, Salares, Cútar, Macharaviaya, Júzcar, Faraján y El Borge, según ha detallado el presidente. A ellos hay que sumar otros como Ojén, Cuevas Bajas, Benalauría o Almáchar, incluidos en los procesos de aprobación provisional; u otros como Riogordo, Parauta o Benaoján que están en fase inicial.
Cabe destacar, a modo de ejemplo, que el planeamiento de La Viñuela prevé la reordenación del entorno del embalse, así como un impulso a la creación de actividades empresariales sostenibles; o que en Rincón de la Victoria se genera un nuevo modelo que deje atrás su identidad de ciudad-dormitorio para transformarse en una urbe económica y socialmente sostenible.
“La Diputación contribuye así a dar un significativo empuje al planeamiento urbanístico de la provincia de acuerdo con la ley en vigor”, ha dicho Bendodo. El presidente ha explicado que la tramitación mínima de un plan general de ordenación urbana (PGOU) dura siete años y que cada una de las fases precisa un informe sectorial, preceptivo y vinculante de las instituciones competentes, lo que alarga los plazos.
Valorar el esfuerzo de los municipios
Además, el presidente ha manifestado que el urbanismo en la provincia de Málaga es muy heterogéneo y por tanto no se puede desarrollar de la misma manera, por ejemplo, en la costa oriental que en la occidental. En este sentido, ha lamentado el decreto emitido por la Junta de Andalucía que paraliza todo planeamiento “porque no valora el esfuerzo que realizan los municipios para adaptarse a la ley y arroja sobre ellos una sombra de duda injusta”.
La Diputación de Málaga aprobó en pleno recientemente el rechazo a este decreto y la interposición de un conflicto de defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. “El objetivo común debe ser el progreso de la provincia, el respeto a su actividad económica, la sostenibilidad de su desarrollo y la protección del entorno natural”, ha manifestado Bendodo.
El pasado mes de junio, el pleno de la Diputación aprobó una moción en la que instaba a la Junta de Andalucía a aclarar, ajustar y definir la normativa urbanística a fin de simplificar las tramitaciones de los planes generales.
