La Junta defiende el decreto del litoral para garantizar el futuro turístico y ambiental de Málaga
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado hoy la intención de la Diputación provincial de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de Ordenación del Litoral promovido por la Junta. “Resulta realmente paradójico que el PP, sin ningún argumento legal sólido, afirme que su principal motivo de recurso frente al plan del litoral es una supuesta intromisión en las competencias municipales”, ha argumentado.
Ruiz Espejo ha lamentado que el PP utilice la Diputación provincial, “una institución que es de todos los malagueños”, para una estrategia de partido y buscar la confrontación con el Gobierno regional, al entender que la formación política que dirige Juan Ignacio Zoido ha dado orden de presentar iniciativas en pro del mencionado recurso en todas las diputaciones de Andalucía.
“Las cuestiones se pueden dialogar, mantener un sistema fluido de relaciones institucionales, pero, lamentablemente, éste es el concepto de autonomía local del PP y de la Diputación de Málaga. Es más, lejos de intentar alcanzar acuerdos y consenso, como ha ofrecido en repetidas veces la Junta, prefiere confrontar usando como arma política las instituciones”, ha incidido.
En este sentido, el delegado del Gobierno ha considerado que la normativa ofrece unas garantías para nuestro espacio costero y nuestra economía y que con él se ayuda a garantizar el futuro del modelo turístico y medioambiental de la provincia malagueña. “El medio ambiente costero es una de las fortalezas que debemos preservar para seguir mejorando nuestro modelo turístico, la industria que, sin duda, mejor está soportando la crisis y en la que tenemos que seguir apos-tando por la excelencia y la calidad”, ha señalado.
“Nos extraña que el PP quiera seguir apostando por el mismo modelo insostenible económicamente que está en el origen de esta crisis, y extraña también que sea precisamente el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Elías Bendodo, el que se ponga al frente de este recurso, cuando debería entender que el decreto busca garantizar el futuro de nuestra principal industria”, ha añadido.
Asimismo, Ruiz Espejo ha defendido la capacidad legal de la Junta para suspender de forma transitoria y como medida cautelar la puesta en carga de suelos no desarrollados urbanísticamente: “Lógicamente, el decreto ley ha sido objeto de profusos análisis por parte de los servicios jurídicos de la Junta”. Es más, ha indicado que varias comunidades autónomas han tomado medidas similares en la trami-tación de sus planes litorales.
Por su parte, a su juicio, la postura de la Diputación y del PP incurre en una gran contradicción, porque “no se puede decir que la Junta invade competencias con esta legislación y, al mismo tiempo, que la ordenación territorial llega tarde”, según Ruiz Espejo, para quien los argumentos esgrimidos por la Diputación Provincial son inconsistentes, dado que no es cierto que el decreto-ley obligue a todos los municipios a adaptarse al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) en un plazo de 8 años: “la norma favorece que se adapten en el plazo de revisión que hayan fijado sus propios PGOU y, tan sólo en el caso de que este plazo no esté fijado, se marca un tope de 8 años, lo que parece más que razonable”.
Además, el delegado del Gobierno ha querido poner el acento en que la fórmula del decreto-ley aumenta las garantías sobre su conte-nido, dado que ha pasado por el Parlamento andaluz.
La Junta, por su parte, va a seguir tramitando el plan conforme a los plazos marcados y dando la máxima participación a ayuntamientos y agentes implicados, de tal manera que en breve el Consejo de Gobierno procederá a la formulación del plan. El documento se elaborará en unos seis meses y, posteriormente, se someterá a un intenso proceso de información y consulta pública.
