Reclaman a la Junta que se haga cargo de las tasas de 184 usuarios de Dependencia

El grupo popular en la Diputación de Málaga presentará en el Pleno del próximo martes una moción en la que instará al Gobierno andaluz a que asuma los 4,1 millones de euros en concepto de tasas que supone la atención de 184 mayores y discapacitados conforme a la Ley de Dependencia.

 El equipo de Gobierno de la institución provincial, en este punto, aclara que actualmente el coste total de las tres residencias de mayores, los dos centros de personas discapacitadas y la unidad de estancias diurnas para personas con alzhéimer asciende a 16,5 millones, y que apenas ingresa por tasas y convenios 2.011.178 euros.

Concretamente, las residencias de mayores de Antequera, Archidona y Colmenar un  coste de 4.599.311 euros (personal, mantenimiento, gastos corrientes); y atienden actualmente a 66 usuarios, por los que no se percibe ningún ingreso de la Junta de Andalucía. La Diputación estima que, con el actual número de usuarios, debería de percibir 1.2 millones anuales.

Por otro lado, los dos centros de personas discapacitadas, Guadalmedina y Virgen de la Esperanza, tienen un  coste de 11.981.366 euros, y actualmente ofrecen servicios a 91 personas con discapacidad por los que tampoco se percibe ningún ingreso por parte del Gobierno andaluz. Por estas atenciones, la Diputación debería de percibir aproximadamente  al año 3.024.972 euros.

La unidad de estancia diurna para personas con alzhéimer presta servicio hoy día a una treintena de usuarios, aunque cuenta con 50 plazas. Las tasas y el convenio con la Junta supusieron unos ingresos de 233.910 euros en el año 2011, mientras que el coste para la Diputación supera el millón y medio de euros.

En este apartado habría que incluir además a los 27 usuarios acogidos en las residencias privadas de Aspromanis y Sagrado Corazón, que están siendo sufragados por la Diputación de Málaga  por un importe total de 614.136 mil euros anuales.

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a  las personas en situación de Dependencia (Ley de Dependencia), establece en su articulado la atención a estas personas a través de una cartera de servicios y recursos establecidos en el capítulo II  y con competencia exclusiva de la comunidad autónoma.

La vicepresidenta tercera y responsable de Derechos Sociales, Ana Mata, ha señalado que “la Diputación se ve obligada a hacer frente a unos gastos impropios para evitar que esas personas queden desatendidas, a pesar de que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía”, por lo que ha exigido al Gobierno andaluz que asuma sus obligaciones con las personas mayores y los discapacitados.

En este contexto, el grupo del PP en la Diputación presentará una moción en el próximo Pleno para instar al Parlamento andaluz para que constituya una comisión urgente que determine y aclare la apuesta de la Junta por sufragar los costes y servicios generados por la Ley de Dependencia y que actualmente están siendo financiados por la Diputación de Málaga. Además, se solicita a la Consejería de Hacienda o Bienestar Social que incluya en los presupuestos de 2012 dichos costes, ya que tras las reuniones con la delegada provincial Ana Navarro no se han obtenido resultados concretos.

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El grupo popular solicitará también los atrasos de los usuarios atendidos por los centros de la Diputación de Málaga desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Dependencia en el año 2007.

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