La Diputación pone en marcha el departamento de Consumo y Arbitraje

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha el departamento de Consumo y Arbitraje, dependiente del área de Igualdad y Participación Ciudadana, con objeto de dar respuestas a empresarios y consumidores de la provincia.

La diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, ha subrayado el compromiso de la institución provincial por asumir las competencias que en materia de consumo establece la legislación autonómica con la creación e impulso de este departamento, “que hasta la fecha presentaba bastantes deficiencias en toda la provincia, principalmente por la falta de ejecución de las materias competentes de la anterior Corporación”.

En este sentido, Conde ha  destacado la importancia de fomentar la información y educación a los consumidores, apoyar a las asociaciones y  prestar asistencia a los municipios de la provincia, tareas que a partir de ahora se llevarán a cabo desde su área.

En una primera ronda de trabajo se ha procedido a solicitar a los ayuntamientos de la provincia información a este respecto con el fin de recopilar las necesidades, problemáticas y recursos materiales y humanos de los que disponen en materia de consumo. El objetivo es ofrecer apoyo a los municipios y al conjunto de la ciudadanía, ya que hasta hace seis meses se ha producido un incumplimiento constante de la actuación correspondiente a la Diputación en estos asuntos.

Así, en los próximos meses comenzarán a impartirse cursos al personal técnico de los ayuntamientos en esta materia y en las oficinas municipales de información al consumidor (OMICs) para formar acerca de las competencias locales. Se hará hincapié en cómo atender a los consumidores y los procedimientos legales a seguir cuando éstos interpongan una queja o reclamación.

Se trata de dar a conocer la mediación, arbitraje y conciliación para resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. Los conflictos susceptibles de ser objeto de arbitraje son aquellos surgidos entre consumidores y empresarios que traten sobre materias en las que no existan indicios de delito, intoxicación, lesión o muerte. El tiempo medio de resolución de un conflicto se estipula entre nueve o diez meses.

Asimismo, y teniendo en cuenta ante todo la protección del consumidor y el usuario, se fomentará la adhesión de todas aquellas empresas y profesionales al Sistema Arbitral de Consumo, de manera que se valorará positivamente a la hora de concursar en la Diputación a aquellas empresas que pertenezcan a este procedimiento. 

Por último, la diputada ha insistido en que con el servicio de ventanilla única se facilita el acceso por el que cualquier ciudadano puede consultar cuestiones relacionadas con el consumo, quejas o sugerencias de tal forma que se abra “una ventana de interlocución entre la administración y las personas que lo requieran”. El  objetivo es hacer la corporación provincial más transparente, más ágil y cercana a la ciudadanía, que también puede realizar consultas a través del 900 77 0001.