El silencio administrativo y la contaminación acústica, principales quejas ciudadanas
La Oficina del Defensor del Ciudadano ha presentado hoy durante el Pleno de la Diputación de Málaga el informe anual de su actividad, donde se desglosa que el organismo ha atendido durante el último año de funcionamiento un total de de 5.152 quejas y cuestiones, abriéndose expediente a 1.595. El informe anual refleja que la mayoría de quejas han sido las relativas a silencio administrativo con más de 419, así como las referentes a la contaminación acústica, con 190 demandas. Asimismo, durante los seis años de trabajo de la Oficina han sido más de 23.000 las quejas de los ciudadanos las atendidas por la entidad, de las que un 75 por ciento han tenido una resolución favorable para la ciudadanía.
La rapidez y la atención personalizada figuran entre los objetivos principales de la Oficina, llegando a contabilizarse este año un total de 550 entrevistas directas, así como se atendieron telefónicamente más de 3.000 solicitudes.
Las quejas, que en esta ocasión han sumado un total de 5.152 (entre llamadas telefónicas, entrevistas y expedientes), se dividen en cuatro grandes grupos: por una parte, el Servicio a las Personas ha registrado 118 expedientes; por otro lado las referentes a Administración General, llegan en esta ocasión a 926 expedientes; la Vía pública, registra 44, mientras que sobre la Ordenación del Territorio, se han contabilizado un total de de 507.
Entre las quejas referidas, las denominadas como administración general (atención al público, procedimiento administrativo, licencias y tributos), vuelven a estar un año más en primera posición, disminuyendo las referentes al servicio a las personas y a la vía pública.
Respecto a la Ordenación del Territorio se experimenta un mantenimiento al número de atenciones respecto al año anterior, incrementándose las quejas referentes a Medio Ambiente, muy centrado este año en el tema del ruido (contaminación acústica), con un total de 190 quejas, la mayoría procedentes de colectivos vecinales y asociaciones. En esta línea, la Oficina del Defensor del Ciudadano ha publicado un cuaderno sobre este tema, “para que los ciudadanos puedan utilizarlo de base y realizar sus demandas, así como para que los ayuntamientos tomen conciencia y busquen soluciones a esta problemática”, ha afirmado Francisco Gutiérrez, al frente de la Oficina.
Por otra parte, las demandas en materia de procedimiento administrativo han vuelto a suponer la mayoría de los expedientes sobre el bloque de Administración General, con más de 419 quejas. El silencio administrativo y la inactividad de la administración suponen casi la totalidad de las mismas, dándose además este hecho en el resto de ámbitos o bloques que atiende la Oficina. Asimismo, las quejas relativas a una mala atención prestada al ciudadano a la hora de recibir una información o realizar un trámite burocrático, son también numerosas. Finalmente, las referentes a licencias y tributos mantienen el número de años anteriores, sobre todo en lo relativo a embargos bancarios.
Según palabras del Defensor del Ciudadano, “una obligación de las administraciones públicas es contestar a la ciudadanía, ya sea favorablemente o no, en sus demandas, y no escudarse en la falta de medios o personal para abusar del silencio administrativo”. Asimismo Gutiérrez ha adelantado que el organismo va a publicar en breve un cuaderno relativo a los derechos de la ciudadanía en las Administraciones Públicas, “con el que las personas podrán adquirir conocimientos sobre sus derechos en este campo y poder realizar los procedimientos correspondientes cuando lo estimen necesario”.
Finalmente, los apartados de Vivienda e Infraestructuras han disminuido en número de quejas, explicándose este hecho en el caso de infraestructuras por haberse acometido los arreglos o haberse aprobado las actuaciones pendientes. En el caso de las viviendas, muchas de las demandas eran referentes a los criterios de adjudicación de la VPO, propiciando la actual coyuntura económica que muchos adjudicatarios hayan renunciado a las mismas al no concederles las entidades financieras el correspondiente préstamo hipotecario. Este hecho supone que en la actualidad exista un mayor número de ofertas que de demandas reales y posibles en este campo.
