La Junta reafirma su compromiso de desbloquear el urbanismo en la Axarquia

La Junta ha reafirmado  su compromiso con el desbloqueo de los planeamientos urbanísticos de los municipios de la comarca de la Axarquía malagueña, que posibilitará la dotación de sistemas generales y equipamientos adecuados o la reserva de suelo para vivienda protegida.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha comparecido en el pleno del Parlamento andaluz para informar de este planeamiento, y ha dicho que el plan de choque emprendido por la Consejería para conseguir que estos municipios tuvieran planeamiento está dando ya sus resultados.

Según el consejero, se está produciendo un intenso trabajo de colaboración institucional entre los dieciséis ayuntamientos que aún no tienen instrumentos urbanísticos, la iputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

Desde el año pasado, ya ha habido considerables avances en la redacción de los planeamientos de estos municipios e incluso la diputación malagueña ha redactado y entregado a algunos de ellos sus respectivos planes para que puedan continuar su tramitación.

Juan Espadas ha adelantado además que la Consejería volverá a convocar en breve a todos los ayuntamientos para una reunión de control del cronograma fijado el pasado noviembre, que permitirá analizar más los plazos previstos, así como fijar nuevas tareas.

La “hoja de ruta” de este proceso, según el consejero, pasa por “recuperar la credibilidad” de los consistorios en la aplicación de sus competencias sobre disciplina, mediante la aprobación de un plan de inspección municipal; y por un inventario sobre las edificaciones existentes en suelo no urbanizable y su situación legal.

También por la coordinación con la Junta, la Policía Autonómica y el Seprona en materia de disciplina urbanística y por desbloquear la aprobación de los planes generales de ordenación. Eso sí, el consejero ha dejado claro que “aquí no caben afirmaciones genéricas de leyes de punto final” y ha añadido que habrá que hacer un gran esfuerzo para normalizar la situación de las viviendas que se encuentran en situación irregular respetando el ordenamiento jurídico. Sobre esto ha advertido que no se podrán legalizar viviendas situadas en zonas protegidas o en espacios públicos.

Espadas ha recordado además que, aunque la disciplina urbanística es un ámbito de competencia municipal, el Gobierno andaluz se ha ido dotando en los últimos años de “una serie de instrumentos legales y administrativos que sustentan un modelo de comportamiento equitativo y eficaz conforme al reparto competencial existente”.

El consejero ha añadido que la situación que se ha producido en la Axarquía “se ha resentido el medioambiente y habrá que ver la forma de compensar el territorio”. Entre las alternativas que plantea está el uso de las Entidades de Gestión previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Axarquía que hasta el momento no han utilizado ni el Gobierno andaluz ni los ayuntamientos. Desde su punto de vista “son elementos capaces de canalizar nuevas formas de desarrollo alternativo”.

Corrupción y clientelismo político

El debate en el Parlamento de Andalucía se produce a instancias de Izquierda Unida cuyo parlamentario, José Antonio Castro, ha dicho en su intervención parlamentaria que “lo de la Axarquía es de extremada gravedad”.

Castro ha apuntado que existen más de 22.000 viviendas en suelo rústico y que desde 1983 este número que entonces era de unas 8.100 casas se ha incrementado en un 272 por ciento.

El diputado de IU ha citado en su intervención los casos de “corrupción” en la comarca en la que también ha incidido en la participación del sector privado. Pero sobre todo, ha destacado el clientelismo político de los alcaldes, que según ha dicho, “no ponen la mano pero ponen las urnas” y son incapaces de decir que no a la presión vecinal por el coste electoral que pueda tener.

Castro ha pedido a la Junta de Andalucía que apriete el acelerador en el desarrollo reglamentario de la LOUA, que ponga en marcha las herramientas previstas en el POTAX, que ayude a los ayuntamientos en materia técnica y que se pongan en marcha planes estratégicos para cambiar el modelo económico del “ladrillo”.