El PP entrega nuevas denuncias de la presunta trama de corrupción en Alcaucín
El PP ha entregado hoy en la Diputación de Málaga un extracto de las comunicaciones que denunciaban la trama de corrupción urbanística de Alcaucín o caso “Arcos” protocolizadas por un notario, documentos que exigía el PSOE para que dos diputados suyos comparecieran en la comisión de investigación de este asunto.
Facilitados por los populares al juez y hoy a los periodistas, los dirigió un vecino -de identidad no desvelada- a la anterior dirección provincial socialista malagueña de junio de 2006 a marzo de 2007; llevan el sello de entrega en esa ejecutiva y alertaban del “desorden urbanístico” en el municipio que gobernaba el PSOE y de “sociedades mercantiles supuestamente vinculadas con el alcalde”.
Así lo indica el escrito dirigido a la entonces secretaria provincial socialista y actual parlamentaria, Marisa Bustinduy, donde se alude a “supuestas irregularidades urbanísticas y de partido de Alcaucín”.
En ese documento se advierte de que “se está produciendo un descrédito para el partido y una mala imagen para el municipio”.
En otra comunicación al entonces presidente del PSOE, Juan Paniagua, el denunciante dice que “sería muy lamentable que por falta de coraje político el partido no depurase su funcionamiento y tengan que ser los Jueces los que pongan a cada uno en su sitio”.
Previamente exponía que “la política de urbanismo que sigue el Ayuntamiento es la suma del descrédito, escándalo e ilegalidad, que ha desembocado en los Tribunales de Justicia, manchando el buen nombre de Alcaucín y salpicando irremisiblemente a nuestro Partido”.
Añade que a pesar de sus advertencias sobre “la política escandalosa de Alcaucín, que acumula un rosario de denuncias y querellas”, ve “con estupor que nada se hace” y le recuerda que informó al entonces secretario de Política Municipal del PSOE y actual diputado, Luis Reina, de una obra ilegal, los desmanes urbanísticos y la “dudosa” relación del alcalde con un promotor.
Pedía instruir un expediente informativo y ofrecía acreditar que se dieron licencias sobre suelo no urbanizable; señalaba que la situación del municipio la conocía también el entonces secretario de Organización socialista y hoy vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Fernández, y reclamaba suspender una asamblea que debía elegir el candidato para los comicios locales de 2007.
A Reina le comenta el “desorden urbanístico producto del incumplimiento descarado de normas”; que se respiraba “dejadez de funciones, amiguismo y calificativos de moda por el caso Marbella” y que “la política urbanística del Ayuntamiento está basada en hechos económicos, ya que lo importante es recaudar”.
Tras entregar los documentos, el portavoz del PP en la Diputación y secretario general de esta formación en Málaga, Francisco Salado, ha solicitado la convocatoria de la comisión que investiga si este organismo está implicado en la trama y que no se reunía desde abril pasado y que comparezcan Bustindy, Paniagua, Fernández y Reina.
La trama del caso Arcos, destapada en febrero pasado, llevó a prisión al hasta entonces alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín y al que era jefe adjunto de Arquitectura de Diputación José Francisco Mora; hay más de una veintena de imputados y la causa investiga construcciones en suelo no urbanizable de la sierra.
El PP considera que en los documentos del planeamiento urbanístico de Alcaucín que Diputación elaboraba “se nota que eran para legalizar irregularidades investigadas”, ya que daba “carta de legalidad a todas y en no urbanizable se le daba la posibilidad de regularizarse cuando se aprobara el planeamiento”.
Salado cree que los documentos ahora entregados por él demuestran que los referidos ex dirigentes socialistas “conocían lo que pasaba en Alcaucín, se callaron y permitieron continuar”.
