La Junta se persona ante el Consejo de Estado para solicitar audiencia sobre la modificación del Reglamento de Costas
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha solicitado al Consejo de Estado que reconozca a la comunidad autónoma como directamente interesada en el procedimiento de emisión del dictamen sobre la modificación del Reglamento General de Costas que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Gobierno andaluz pide que se le conceda audiencia antes de que este órgano consultivo emita su informe, para trasladar sus observaciones sobre las consecuencias de la reforma en la gestión del litoral y en las actividades que se desarrollan en él.
Mediante esta petición Andalucía da continuidad a las alegaciones que ya ha presentado durante la tramitación del proyecto. La Junta ha advertido de las dudas que suscita el encaje de algunos cambios en la legislación vigente y de sus posibles efectos sobre las competencias autonómicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos y los sectores económicos vinculados a la costa.
La modificación afecta a procedimientos administrativos cuya tramitación corresponde, en numerosos casos, a las comunidades autónomas. Andalucía solicita participar en esta fase para que se tengan en cuenta sus responsabilidades en la ordenación y gestión del litoral, así como las repercusiones de las nuevas disposiciones sobre los derechos e intereses de quienes desarrollan su actividad en estos espacios.
El Consejo de Estado debe emitir un dictamen preceptivo sobre el proyecto, al tratarse de una norma que desarrolla la Ley de Costas. La audiencia solicitada permitiría al Gobierno andaluz exponer sus argumentos jurídicos y competenciales antes de que la Comisión Permanente de este órgano se pronuncie sobre la reforma.
Seguridad jurídica para las actividades del litoral
En las alegaciones presentadas, la Junta ha planteado la necesidad de modificar previamente la Ley de Costas y ha cuestionado la adecuación de la reforma al principio de jerarquía normativa. Este principio exige que el reglamento respete lo establecido en la ley que desarrolla, por lo que Andalucía considera necesario examinar si las previsiones propuestas pueden introducirse por esta vía.
Los cambios en el Reglamento General de Costas pueden incidir en la tramitación de los expedientes y en las condiciones aplicables a las actividades que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre. La Consejería tiene como objetivo que esa revisión preserve un marco claro para las administraciones encargadas de aplicar la normativa y para los ciudadanos y empresas que deben cumplirla.
Derecho de Andalucía a ser oída
El artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado establece que debe concederse audiencia cuando una comunidad autónoma esté directamente interesada en el asunto sometido a consulta y así lo manifieste. Andalucía fundamenta su solicitud en la incidencia de la modificación sobre las competencias que tiene atribuidas y los procedimientos que gestiona.
El escrito pide que, una vez solicitado el correspondiente dictamen, se reconozca a Andalucía como comunidad autónoma directamente interesada y se le conceda audiencia con carácter previo al pronunciamiento de la Comisión Permanente. En ese trámite podrá exponer las consideraciones jurídicas y competenciales que estime oportunas sobre el proyecto normativo.
