Salado y Domínguez Palma imputados por la firma de un convenio urbanístico con Mirador
El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria (Málaga) Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en delitos de malversación y prevaricación en la firma de un convenio urbanístico.
El juez investiga la cesión de 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable al grupo inmobiliario Mirador, operación que se justificó para compensarle por no haberle autorizado a construir en una parcela junto al arroyo Totalán, que el equipo de gobierno tenía previsto desclasificar como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según publica hoy el diario El País.
Domínguez Palma ha negado la existencia de irregularidades en el convenio urbanístico que investiga un juzgado de Málaga, y ha asegurado que desconocía su imputación.
El edil socialista ha señalado que no se le había notificado su imputación por los delitos de malversación y prevaricación en relación a este caso, en los que también podría haber incurrido el ex alcalde de la localidad Francisco Salado (PP).
Domínguez Palma recuerda que la firma de este convenio durante el pacto de gobierno entre PP y PSOE, aunque cree que fue anterior a diciembre de 2006, y no en febrero de 2007, ya que en esa fecha se encontraba en la oposición.
Ha explicado que tras las inundaciones que sufrió el municipio en 2001 y 2004, se determinó que no se debía construir en la mencionada parcela junto al arroyo Totalán, que estaba en una zona escarpada, lo que suponía una “pérdida total del valor del suelo”, que estaba clasificado como urbano desde 1992, para quien tuviera los derechos urbanísticos.
El edil ha señalado asimismo que todos los convenios se firmaron con “transparencia” y con los informes técnicos y jurídicos preceptivos favorables, y fueron remitidos a la Junta de Andalucía.
Por su parte, el presidente del PP en Rincón de la Victoria y ex alcalde de este municipio, Francisco Salado, ha dicho hoy que no se le ha notificado su supuesta imputación por un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento con el grupo Mirador, que cumple “estrictamente la ley”.
En un comunicado, Salado se refiere a la denuncia de un particular afectado por el grupo Mirador y recogida hoy por el diario El País, y señala que el convenio al que se refiere se firmó con total “transparencia”, con la aprobación de los técnicos de Urbanismo y el asesoramiento jurídico del Consistorio.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha abierto diligencias para aclarar si Salado y el también ex alcalde de Rincón José Domínguez Palma (PSOE) incurrieron en los posibles delitos de malversación y prevaricación en la firma de un convenio para la cesión de 5.175 metros de suelo al grupo inmobiliario como compensación por no dejarle construir en un suelo que se iba a desclasificar como urbanizable.
Salado, que la próxima semana será nombrado secretario general del PP en Málaga, señala al respecto que con este acuerdo se pretendía evitar la masificación urbanística en la parcela que el grupo Mirador poseía en la zona de la carretera paralela al arroyo Totalán, cuyo terreno tenía una pendiente muy pronunciada.
La edificación hubiera creado, según Salado, un “gran impacto visual en la zona”, y el convenio permitía reducir la edificabilidad de la parcela y “lo que se perdía se trasladó a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a terrenos que fuesen urbanizables y de propiedad no municipal”.
La vigencia de este convenio está en suspenso porque está recogido en la revisión del PGOU, y todos los planes generales están paralizados por la Junta de Andalucía, ha aclarado.
Además, ha insistido en que las arcas municipales no han sufrido perjuicio por este convenio, ya que el Consistorio no ha tenido que abonar ninguna cantidad ni poner suelo a disposición del grupo Mirador.
En cuanto a la investigación judicial, el ex alcalde popular ha manifestado que la aprueba porque “no puede permitirse que los efectos de la mala práctica comercial de algunos promotores ponga en cuestión el trabajo de las administraciones públicas”.
El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma, concejal de Urbanismo, en cumplimiento del acuerdo de gobierno firmado por PP y PSOE tras los comicios de 2003.
