La Diputación colabora con la Junta para actualizar el callejero digital de los municipios de la provincia
La Diputación de Málaga y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía han firmado un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de datos, la transferencia de tecnología y el apoyo técnico para el mantenimiento de datos del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU).
El diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, y el director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Jesús Sánchez Fernández, han rubricado el acuerdo, que permite la revisión y actualización de los nombres y trazado de las vías públicas que se integran en el proyecto CDAU, centrándose la institución provincial en los municipios menores de 25.000 habitantes.
Francisco Oblaré ha explicado que el personal técnico de la Diputación trabaja conjuntamente con los responsables del padrón y el callejero en estas tareas, “logrando así que, con un gran esfuerzo de colaboración, todas las administraciones públicas y entes privados dispongan de un solo callejero municipal en la provincia de Málaga”.
En este sentido, uno de los trabajos que se desarrolla en este proyecto y en el que se ha realizado un gran esfuerzo es el efectuado en el ámbito más rural, completando los nombres de lugares, cortijos y parajes. Esta labor se lleva a cabo también con reuniones en los diferentes municipios con técnicos y ciudadanos que han aportado su conocimiento sobre el entorno.
También se desarrolló una reunión de la comisión de seguimiento del anterior convenio, firmado en 2012, para analizar los trabajos que se han realizado hasta este momento sobre la revisión y actualización de los datos provinciales de callejero y para fijar los objetivos de esta nueva etapa.
Hasta este momento, se han revisado los nombres y trazados de cada una de las vías públicas urbanas, y se han resuelto las incidencias detectadas en las primeras versiones del callejero.
Esta dinámica de intercambio y mantenimiento de información se sustenta en un protocolo técnico que se puso en marcha en el verano de 2016 y que ahora, con la firma del convenio, se refuerza y consolida.
