El PP tilda de ‘incoherente’y ‘poco riguroso’ el decreto de exclusión de la Junta de Andalucía
La parlamentaria del Partido Popular, Antonia Ruiz Oliva, la secretaria general del Partido Popular de Vélez Málaga, Concepción Labao, y la vicesecretaria de Servicios Sociales del PP veleño, Inmaculada Matamoros, han tildado de “incoherente y poco riguroso” el decreto de exclusión social anunciado hace unos días por la Junta de Andalucía, una medida que para los populares veleños supone seguir “asfixiando”
a los Ayuntamientos andaluces, ya que les obliga a adelantar “el dinero de las ayudas sin garantías”.
Labao ha criticado que la Junta de Andalucía ponga en marcha este decreto con el dinero que ha dejado de pagar a los Ayuntamientos a través de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), que en el caso del Consistorio de la capital de la Costa del Sol Axarquía se ha reducido en 565.824 euros.
“Nos conceden, a través de este decreto, una ayuda a la contratación por importe de casi 400.000 euros, una ayuda que no se sabe muy bien cuando se nos va a pagar. Es una manera de seguir poniendo en jaque a los Consistorios andaluces. En Vélez Málaga se pondrá en marcha cuando se haga el ingreso pertinente por parte de la Junta de Andalucía”, ha señalado la secretaria general, quien ha recordado que, hace unos meses, el alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP) mandó un escrito a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía para que aportara recursos económicos al Programa Municipal ‘Axarcoempleo’, “pero no hemos recibido respuesta. Nosotros hemos asumido competencias en materia de empleo y hemos puesto en marcha este plan, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y que prevé beneficiar a unos 400 desempleados del muncipio, a través de incentivos a las empresas que lo soliciten”,
ha dicho.
Por su parte, la vicesecretaria de Servicios Sociales del Partido Popular de Vélez Málaga ha cifrado en casi 1,4 millones de euros la deuda que la Junta de Andalucía tiene con el Consistorio veleño en materia social, concretamente en el capítulo de ayudas a domicilio de la Ley de Dependencia.
“El Gobierno andaluz adeuda, del segundo semestre de 2012 y del primer semestre de 2013, casi 1,4 millones de euros, a lo que se unirá, en
unos días, otro millón de euros del segundo semestre de 2013, ya que estas cantidades se abonan por adelantado. Por tanto, si la Junta de Andalucía adeuda estas cantidades, ¿cómo vamos a creer ahora las medidas anunciadas en este decreto?”, ha puntualizado.
Un decreto muy deficiente
Por su parte, la parlamentaria del Partido Popular ha señalado que este decreto recoge contratos de 15 días a 3 meses, con un salario de 1.000 euros mensuales, incluyendo las cuotas de la Seguridad Social, o sea, “contratar a una persona durantes unos cuantos días y después nada, como ocurría con los Planes ZP”.
Ruiz Oliva ha señalado que el Partido Popular rechaza este decreto y apuesta por un modelo de inversiones productivas, a la vez que ha denunciado que la Junta de Andalucía “tiene un historial muy deficiente en la aplicación de normativas relacionadas con la exclusión social, por lo que este decreto es una de las incoherencias más a la que nos tienen acostumbrados el Gobierno bipartito del PSOE y de Izquierda Unida”.
