La consejera de Fomento y Vivienda exige una reforma de la Ley de Costas
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha alertado de la “honda preocupación” generada en torno a la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en tramitación en las Cortes Generales, por lo que ha exigido que la modificación de esta norma “de gran calado social” sea fruto del “consenso razonable entre las distintas fuerzas políticas para que se asegure su estabilidad en el tiempo”. Así se ha expresado ante los participantes en las XIII Jornadas de Admi-nistraciones Portuarias, donde responsables de puertos de comunidades litorales – Cataluña, Canarias, Asturias, Islas Baleares, Galicia, Cantabria, Murcia, Valencia y Andalucía, excepto País Vasco por encontrarse en proceso de formación de su gobierno – debaten sobre los modelos de gestión y las consecuencias de la reforma de la ley.
Elena Cortés ha explicado algunas de las modificaciones que pretende introducir esta normativa, cuyo fin es “priorizar los intereses privados en detrimento del interés general, persiguiendo una privatización parcial de determinados puertos, como son las marinas interiores”. “Tal como está redactada la modificación legal, estos garajes náuticos escapan al dominio público y podrían ser de propiedad privada, lo que representa un avance en la privatización”, ha asegurado la consejera, para quien “la ley también plantea dudas” sobre el ejercicio en estas zonas de las potestades administrativas en materia de navegación y medio ambiente.
También ha criticado que se amplíe “sin justificación concreta” el plazo de las concesiones a empresas privadas, relativas fundamen-talmente a los puertos deportivos, la mayoría con títulos que fueron otorgados por el Estado en época predemocrática. Esta propuesta refleja una “falta de seguridad jurídica que afecta tanto a la ciudadanía en general, que debe ser siempre la beneficiaria de la gestión del dominio público, como a los usuarios concretos de esos puertos, ya que no se delimita con exactitud la naturaleza de las concesiones objeto de la nueva regulación, ni el año a considerar para el cómputo de plazos”, ha afirmado.
Elena Cortés ha denunciado además la imposición de un canon – denominado canon demanial – que deben pagar los concesionarios en puertos autonómicos y que no se exige en los del Estado, “lo que provoca, además de una práctica confiscatoria, un riesgo de quiebra tanto para el concesionario como para el sistema portuario autonómico en beneficio del estatal”.
“Por todos estos motivos espero que el trámite de esta reforma de ley en el Congreso y el Senado sirva para corregir estas cuestiones”, ha afirmado la consejera, por lo que ha invitado a todos los participantes y representantes autonómicos en estas jornadas a reflexionar sobre estos asuntos “con el fin de garantizar el correcto y buen funcionamiento de nuestros puertos y su traducción en términos de actividad productiva, creación de empleo y servicio a la ciudadanía”.
Integración puerto-ciudad
La consejera ha defendido la “importancia social” de los puertos “y más aún en Andalucía, donde se encuentran siete autoridades portuarias y 37 puertos de titularidad autonómica, que mueven más de la cuarta parte de las mercancías del conjunto de puertos de España”. Basándose en ese “enorme potencial de dinamización e impulso de sectores productivos”, Elena Cortés ha abogado por “abrir las políticas públicas en puertos a la participación ciudadana” y generar un debate social.
“La ciudadanía tiene mucho que decir, sobre todo en la integración de los puertos en la ciudades”, ha afirmado la consejera, por lo que ha confiado en que la jornada monográfica que se celebra mañana en el marco de este encuentro sirva para avanzar en la consecución de dicho objetivo.
