Diputación salda las deudas con proveedores con el pago de 55,4 millones de euros en 9 meses

El equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga ha saldado las deudas con los proveedores en menos de nueve meses desde su toma de posesión, gracias al pago de 55,4 millones de euros desde junio de 2011 hasta este mes de marzo. Esta cifra incluye 13,35 millones de facturas atrasadas comprometidas por la anterior corporación y otras firmadas incluso antes, en el año 2006.

Este logro permitirá que la Diputación no tenga que acogerse al plan de medidas especiales diseñado por el Gobierno para facilitar a las instituciones el abono de débitos a sus proveedores. A fecha de hoy, las facturas no abonadas representan un ‘cero técnico’, es decir, suman menos de un 1 por ciento del dinero guardado en la Tesorería.

“Siempre he manifestado que uno de mis principales objetivos era el abono de las deudas a los proveedores porque es la mejor política de empleo que puede hacer una institución que no tiene competencias directas”, ha dicho el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que ha estado acompañado por el vicepresidente primero, Francisco Oblaré, y la diputada de Economía y Hacienda, Kika Caracuel.

El equipo de Gobierno de la Diputación ha logrado asimismo reducir el plazo medio de abono a los proveedores por debajo de 30 días, en concreto a 29,8 días. El presidente ha valorado este logro, del que ha dicho sentirse “particularmente orgulloso”, pues fue uno de los principales compromisos adquiridos cuando tomó posesión en junio. Este dato corresponde al tercer trimestre de 2011, último disponible certificado por la Tesorería.

“Una vez solventados los atrasos y las deudas, esta institución podrá ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Hemos demostrado cómo trabajamos y se ha puesto de manifiesto que la gestión económica ha logrado corregir el rumbo errático que llevaba la Diputación”, ha asegurado Bendodo.

Una media de 38.000 euros pagados por proveedor

Bendodo ha detallado que el actual equipo de Gobierno ha satisfecho un total de 6.816 facturas a 1.462 proveedores diferentes hasta alcanzar los citados 55,4 millones de euros. “Hemos pagado una media de 38.000 euros a cada proveedor y además lo hemos hecho con caja propia, es decir, sin acudir a créditos bancarios que nos endeudarían más”, según el presidente.

En el detalle de abonos figura que entre junio y diciembre de 2011, dentro de un presupuesto confeccionado por la anterior corporación, el equipo de gobierno ordenó pagos por valor de 42,2 millones de euros a 874 proveedores en 4.686 facturas validadas. Desde enero de 2012 hasta el 8 de marzo, última fecha certificada por la Intervención, la cantidad ha ascendido a 13,2 millones para 588 proveedores en 2.130 facturas.

Bendodo ha recordado que para cumplir la prioridad de abonar débitos a empresarios dentro del ejercicio 2011 fue necesario firmar un decreto de no disponibilidad de créditos presupuestarios, “ya que el anterior equipo de gobierno había comprometido en los seis primeros meses del año el 85 por ciento del gasto y las transferencias corrientes”. El presidente ha asegurado que hubo que sacrificar parte de la gestión de la nueva corporación para poder reconocer obligaciones con proveedores de la etapa anterior.

Además, se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito imputables al mismo presupuesto de 2011 y se diseñó un plan de austeridad con el objetivo de ahorrar 10,6 millones de euros en el último semestre del año, “plan que se ha cumplido íntegramente”.

“El pago a proveedores es una absoluta prioridad porque resulta inadmisible que, con la crisis que vivimos, las instituciones acudan al mercado para contratar servicios o adquirir productos y tarden años en pagarlos”, ha manifestado Bendodo.

Según el presidente, las facturas que quedan por pagar ascienden a 800.000 euros, mientras que la Tesorería tiene un total de 98 millones. Muchas de estas deudas que aún no se han satisfecho son imputables a incidencias de los propios proveedores, como fallos de domiciliación, de información económica o por estar en concurso de acreedores, y otras están en proceso de pago porque son fruto de la gestión diaria de la institución, “es decir, facturas vivas”, ha concluido Bendodo.