Piden cuatro años más para el alcalde de Sayalonga acusado de cuatro delitos urbanísticos
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha realizado escrito de acusación contra el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), por cuatro delitos de prevaricación urbanística, por la aprobación de proyectos de actuación para viviendas unifamiliares y la concesión de las correspondientes licencias en contra de las normas. Así, pide un año de prisión y nueve años de inhabilitación por cada delito.
El fiscal acusa, además, en sus conclusiones iniciales, a siete personas que eran ediles cuando sucedieron los hechos, también por el mismo delito que al alcalde, aunque solicita menos pena; y a los cuatro promotores, una de ellas funcionaria del Ayuntamiento y los demás familiares de ésta, por un delito contra la ordenación del territorio. Asimismo, ha formulado acusación contra un técnico municipal que emitió los informes favorables.
La acusación pública ha señalado que los cuatro promotores “decidieron obtener un rendimiento urbanístico” de una finca rústica, “hasta la fecha improductiva como finca agrícola”, para lo que procedieron a la segregación de la parcela en cuatro subparcelas y a la edificación en cada una de ellas de una vivienda, que, según el escrito provisional , “serían ofrecidas en venta y alquiler”.
Así, se indica que el suelo está clasificado como no urbanizable común natural o rural. Según el ministerio público, “para dar apariencia legal a la irregular operación urbanística”, estos cuatro acusados instalaron en las parcelas un “rudimentario sistema de riego y llevaron a cabo una pequeña plantación de frutales, con la intención de tramitar el proyecto de actuación”.
De esta forma, se fueron presentando dichos proyectos en el Ayuntamiento, expedientes que fueron informados “favorablemente” por el técnico municipal acusado, aunque en cada caso la delegación de Obras Públicas “emitió informe desfavorable por entender que no quedaba suficientemente justificada la necesidad de vivienda vinculada a explotación agrícola”.
No obstante, según la calificación, los proyectos fueron aprobados en pleno en 2005, “con los votos favorables” del alcalde y distintos ediles. La Fiscalía señala que en estos cuatro casos la Junta “advirtió” de nuevo de “la ilegalidad del acuerdo de aprobación del proyecto de actuación” e instó a revisarlo. Los permisos fueron concedidos, según se precisa, con informes favorables del mismo técnico, en distintas juntas de gobierno local.
“Ninguna de las cuatro construcciones guarda relación con explotación agrícola alguna”, señala el fiscal, quien añade en su escrito provisional que esto fue certificado por agentes del Seprona en las inspecciones realizadas, en las que comprobaron la ejecución de la obra y que el resto de las parcelas estaban “totalmente improductivas, desprovistas de arbolado o cultivo alguno”.
“La estructura de las viviendas, que se corresponde con los proyectos básicos y de ejecución que fueron informados favorablemente por el técnico municipal y autorizadas por la junta de gobierno local, muestra que se trata de viviendas de carácter claramente residencial”, añade el documento, en el que se precisa que al menos dos de estas viviendas “están ofertadas para su venta o alquiler a través de Internet”.
