La Diputación inicia la reubicación de los trabajadores de la residencia de Colmenar

La Diputación de Málaga ha iniciado el proceso para reubicar a todos los trabajadores de la residencia Los Montes de Colmenar en los centros de Antequera y Archidona, que se encuentran en mejores condiciones y pueden ofrecer un servicio más completo y de mayor calidad a los mayores. Además, ha propuesto que el Ayuntamiento de la localidad pueda disponer del edificio para dotarlo de usos sociales.Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y responsable del área de Ciudadanía, Ana Mata, quien esta mañana se ha reunido con los empleados para trasladarles su apoyo, garantizarles su continuidad e informarles de su nuevo destino. En el encuentro han estado presentes el diputado de Recursos Humanos, Jesús Fortes; la de Centros de Atención Especializada, Emiliani Jiménez; y el alcalde de Colmenar, Antonio Jesús Fernández (PP).

Ante la evidencia de que el inmueble de la residencia de Colmenar incumple los requisitos de la Ley de Dependencia, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuenta con dos informes técnicos desfavorables, Mata ha incidido en que lo fundamental es mejorar el servicio a los mayores: “Nuestra prioridad son los mayores, pero no hemos querido dejar de lado a los 26 trabajadores y por eso les hemos reubicado”.

El centro tiene capacidad para 29 usuarios pero actualmente sólo están cubiertas 15 plazas. De ellas, cinco corresponden a mayores oriundas de Colmenar, mientras que el resto proceden de Antequera (1), Alhaurín el Grande (1), Alfarnate (1), Casabermeja (1), Riogordo (3), Valencia (1) y Argentina (2).

La vicepresidenta ha criticado la “demagogia y deslealtad de PSOE e IU, que no invirtieron ni un euro en cuatro años para adecuar la residencia a la Ley de Dependencia”. “Han condenado el edificio al abandono y ahora se rasgan las vestiduras ante la evidencia de que no está en condiciones de atender a los usuarios”, ha criticado.

Mata ha recordado que el edificio que alberga la residencia de Colmenar abrió sus puertas en 1981 en un edificio antiguo que se había construido para acoger un hotel. Supone un coste anual para la Diputación de Málaga de 1,42 millones de euros, a razón de 94.908 euros anuales por persona, a pesar de que las competencias en esta materia corresponden de manera exclusiva a la Junta de Andalucía, institución a la que la vicepresidenta exige a que “asuma sus obligaciones”.

En este punto, Mata ha recordado que la Diputación ha hecho sus deberes y en noviembre de 2011 solicitó a la Junta que concertara las plazas de la residencia con la Junta de Andalucía. Tras varias reuniones con representantes del Gobierno andaluz, esta opción fue descartada porque el centro incumple la orden de 5 de noviembre de 2007 que regula el procedimiento y requisitos para la acreditación de centros para personas mayores en situación de dependencia, como las relativas al espacio y las dimensiones de las habitaciones. Para que el edificio supere las exigencias de la citada orden, sería necesaria la construcción de un nuevo edificio que tendría que ser financiado por la Junta, que es la administración que ostenta las competencias en la materia.

Deficiencias

El centro cuenta además con dos informes negativos de Bomberos y del área de Arquitectura y Urbanismo. El primero de ellos, realizado por el Consorcio Provincial de Bomberos, señala que el edificio no se adapta a la normativa en caso de incendio y concluye que no puede utilizarse como residencia de ancianos. El segundo, asegura que “el edificio no fue concebido para el uso al que se destina en la actualidad, por lo que no se puede adaptar a las normativas concurrentes para una residencia geriátrica”.

Este documento pone de manifiesto que las condiciones de accesibilidad no son adecuadas y que las puertas de las habitaciones no tienen el ancho mínimo exigido. La localización del inmueble, ubicado en un terreno de arcillas expansivas y rodeado de árboles, provoca además “un gran número de grietas debidas a las variaciones de humedad que de forma natural se producen”.

Tampoco cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que, entre otras deficiencias, presenta grietas, problemas en las salidas de emergencia de la segunda planta y las baldosas exteriores están en mal estado.

“En estas condiciones, la Diputación no puede hacer más que cerrar el edificio y buscar la mejor solución, que es reubicar a los mayores en otros centros y garantizar que los empleados seguirán trabajando”, ha concluido Mata.