El PP propone medidas que garanticen recursos para los servicios municipales

El presidente del PP de Vélez-Málaga y portavoz municipal del grupo popular, Francisco Delgado Bonilla, ha propuesto medidas encaminadas a “garantizar, ante la crisis económica, recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos municipales” y ha considerado que “abordar la cuestión de la financiación local debe ser una prioridad absoluta”.

“El Gobierno del señor Zapatero no ha propuesto un nuevo modelo de financiación local como se había comprometido en varias ocasiones, sino que recientemente el secretario de Estado de Cooperación Territorial ha anunciado que la Ley de Financiación Local no será aprobada definitivamente hasta 2011″, ha apuntado a través de un comunicado.

En este sentido, Delgado Bonilla ha aseverado que “las perspectivas de la financiación local a corto plazo son muy negativas, ya que la mayor parte de los ingresos municipales dependen de la recaudación del Estado, que se está viendo muy afectada por la crisis y por las medidas políticas y fiscales adoptadas por José Luis Rodríguez Zapatero“.

Por esto, los populares plantean “un conjunto de iniciativas que sometemos al pleno de la corporación con la intención de que sean elevadas al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía”. Así, algunas de las medidas son “de aportación económica urgente y otras tienen como finalidad garantizar un marco estable de financiación a los ayuntamientos”.

Ha explicado que en 2010, las entidades locales “tendrán una menor financiación procedente del Estado de, al menos, 3.000 millones de euros, como consecuencia de la caída tan espectacular de la recaudación en 2008″; cifra que se elevará en 2011, por lo que “se hace inaplazable una reforma de la financiación local que garantice a los ayuntamientos la prestación de los servicios esenciales que demandan los ciudadanos”.

Entre otros aspectos, reclamó que el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) para 2010 “se incremente en 3.000 millones de euros más, que permita el pago de las prestaciones de los servicios públicos a los ciudadanos y que otorguen una mayor flexibilidad en los plazos de ejecución y en la finalidad de las obras y servicios, de tal forma que estas inversiones se destinen a prioridades reales de cada Ayuntamiento”.

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